Las observaciones al proyecto hidroeléctrico realizadas en Aysén habrían sido modificadas en Santiago para permitir su aprobación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Trabajadores y profesionales del organismo estatal rechazaron públicamente la medida y ambientalistas denunciaron que esto se está convirtiendo en una constante con el fin de dar luz verde al megaproyecto energético.
Por Francisco Mardones
El informe de observaciones al megaproyecto hidroeléctrico Hidroaysén elaborado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) habría sufrido cambios sustanciales hechos en Santiago, según denunciaron organizaciones ambientalistas.
Los dos informes anteriores emanados desde el organismo indicaban la ilegalidad que se produciría si el proyecto hidroeléctrico inunda 18 hectáreas del Parque Nacional Laguna San Rafael, debido a compromisos internacionales firmados por Chile como el Convenio de Washington o la misma legislación medioambiental vigente.
Según las organizaciones, el tercer informe de observaciones, enviado el pasado 15 de noviembre, también hacía alusión a este punto, indicando textualmente que “no pueden realizarse las obras propuestas”.
Esa parte del informe, sin embargo, habría sido borrada por la dirección nacional de Conaf en Santiago, para facilitar la aprobación de Hidroaysén por la Corema de la Undécima Región.
El informe original fue elaborado por un equipo evaluador de doce especialistas multidisciplinarios, quienes aseguran que nunca redactaron el documento final que dice textualmente que la Convención de Washington “no previó la situación de que una parte de un Parque Nacional u otra Área Protegida pudiese verse inundada”, y que esta situación “no atentaría contra el espíritu de la Convención, ya que no afecta paisajes (…) ni causaría la extinción de las especies que ocupan la superficie a inundar”.
En una declaración pública, el Sindicato de Trabajadores de Conaf Aysén y el Sindicato Nacional de Profesionales de ese organismo, revelaron que “la redacción final del pronunciamiento de Conaf es impuesta por la Dirección Ejecutiva en Santiago, condicionando el Plan Ambiental Sectorial (PAS 102) y autorizando la posible inundación de 18,8 hectáreas en el Parque Nacional Laguna San Rafael”.
El comunicado además sostiene que la decisión de la dirección central “no representa el verdadero trabajo emitido por los trabajadores de la región (…) y pone en desmedro el trabajo técnico y profesional de sus funcionarios”.
La situación también la denunció el Consejo de Defensa de la Patagonia, desde donde su secretario ejecutivo, Patricio Rodrigo, indicó que el Gobierno está buscando cambiar las condiciones de la institucionalidad vigente para aprobar un proyecto inviable desde el punto de vista medioambiental.
El representante comentó que “aquí hay manos negras que están por un mandato político que este proyecto tiene que ser aprobado y aquí están cometiendo errores, errores burdos. Tan burdos como lo que fue también cercenar un sinnúmero de observaciones que arrastraba la evaluación de impacto ambiental negativa que hicieron los servicios públicos”.
Rodrigo agregó que de esta forma “temas como los incumplimientos legales ya no existen, temas como el Tratado de Medioambiente con Argentina ya no existe, temas como la evaluación ambiental de la central El Salto, que no hicieron evaluación ambiental, tampoco existe. Cualquiera de esos temas habría significado el rechazo de este proyecto”.
Según el experto, el gobierno está empecinado en aprobar un proyecto que no es necesario para la matriz energética de nuestro país.
La opinión la comparte la académica del Instituto Wuppertal para el Clima, el Ambiente y la Energía de Alemania, Silvia Borbonus, quien asegura que proyectos como Hidroaysén tienen muchas desventajas, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también social, cultural y económico.
“Las hidroeléctricas grandes tienen muchas desventajas y también hay mucho potencial de pequeñas hidroeléctricas aquí en Chile. ¿Por qué no aprovechar primero ese potencial?”, subrayó Borbonus.
La especialista agregó que “se sabe que las hidroeléctricas grandes tienen muchas desventajas en términos sociales y económicos y si hay otras opciones, no entiendo para qué se necesita la hidroeléctrica a gran escala”.
La dirección regional de Conaf Aysén, por su parte, desmentirá las acusaciones a través de un comunicado público.
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