El experto en educación, Mario Sobarzo, criticó las medidas del Gobierno que buscarían reformar la educación universitaria, conocidas a través de la prensa. Afirmó que los anuncios no recogen las demandas de los estudiantes y académicos, además de contribuir a profundizar la mercantilización de la enseñanza.
El fomento a la educación técnica, cambios en las ayudas estudiantiles, la desburocratización de las universidades estatales y modificaciones al sistema de acreditación son algunos de los 10 puntos que el Gobierno anunciaría este 21 de mayo, en el marco de la reforma al sistema de educación superior anunciada por el ministro Joaquín Lavín.
Las nuevas medidas, criticadas desde el Consejo de Rectores por elaborarse “a oscuras”, fueron cuestionadas por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de la Universidad de Chile.
En entrevista con la segunda edición de Radio Análisis, el investigador Mario Sobarzo sostuvo que “es una reforma de segunda generación que tiende a ampliar el sistema de mercado, ese es el objetivo fundamental. Los intereses que los estudiantes han salido a reclamar, lo que se ha planteado en los últimos días, no está por ningún lado. La verdad es que el ministro Lavín hace oídos sordos, lo cual no es extraño, porque era integrante del directorio de la Universidad del Desarrollo, que es una universidad con intereses. Me imagino que los ex socios de él deben estar muy contentos con esta reforma”.
Aunque subrayó que se trata de un trascendido, el académico de nuestra casa de estudios consideró que las medidas serían un “híbrido” que busca “dejar contento a todo el mundo, pero no lo logra” y enfatizó que “no resuelven lo que los estudiantes están pidiendo en las marchas multitudinarias que hemos visto en los últimas semanas”.
Respecto al fomento a la educación técnica que contemplaría el Gobierno, Sobarzo advirtió la necesidad de una mayor transparencia, para que la ciudadanía decida qué instituciones recibirán beneficios: “El problema con la educación técnica es que no sabemos quién gana el dinero. Hay una cantidad de prestadores de servicios que tienen intereses económicos, políticos y sociales, que no está claro quiénes son. Por ejemplo, el Instituto Fontanar, que pertenece al Opus Dei -aunque el Opus Dei no tiene nada propio, sino que pertenece a una sociedad- es un instituto que traduce posiciones ideológicas, genera un cierto modelo de formación y nosotros lo vamos a empezar a subsidiar mediante créditos más blandos. La pregunta es por qué tenemos que subsidiar esto”, cuestionó.
“Como sociedad tendríamos que tener posibilidad de decidir qué tipo de instituciones queremos financiar, quiénes son los dueños, qué están haciendo con ese dinero”, agregó.
Finalmente, el investigador catalogó como “un fraude tremendo comparable con Kodama” el mecanismo de universidades privadas, obligadas por ley a no tener fines de lucro, que obtienen ganancias mediante la creación de inmobiliarias: “El sistema es que son dueños del terreno, de la infraestructura de la universidad y es una inmobiliaria la que tiene esta posesión. La universidad le paga un arriendo a la inmobiliaria por estos edificios, arriendo que es tremendo. Ahí se nota por qué la universidad chilena es tan cara. El problema es que las ganancias de los grupos empresariales son millonarias, estamos hablando de más de US$2 mil millones que mueve el sistema de educación superior por año”, indicó.
Rodrigo Alarcón López
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