El proyecto de AES Gener producirá el mismo CO2 que mil autos con el motor funcionando las 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó un lapidario informe en su contra y sus opositores acusan órdenes del Gobierno de Michelle Bachelet para autorizar la construcción. Sus detractores dicen que Constitución será un nuevo Puchuncaví: "Ya no les importa mucho, son zonas muertas, sacrificadas", acusan.
Parlamentarios de la Democracia Cristiana entregaron al intendente del Maule, Rodrigo Galilea, un informe visado por unanimidad en la Cámara de Diputados, en enero de 2010, que asegura que la aprobación del estudio de impacto ambiental de la termoeléctrica Los Robles por parte de la entonces Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) se hizo con antecedentes no fidedignos.
La planta de AES Gener, que estaría ubicada en el sector costero de Faro Carranza, entre Chanco y Constitución, implica una inversión cercana a los US$1.300 millones y sería abastecida continuamente de carbón proveniente de Australia, a través de un puerto.
El diputado Roberto León explicó que solicitaron al intendente -presidente del Servicio de Evaluación Ambiental- que se comunique con la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para obtener el oficio sobre el proyecto, que se perdió de la Corema luego del terremoto. La autoridad, dijo León, se comprometió a poner los datos a disposición del Ministerio Público para evaluar si hubo fraude.
El texto parlamentario determina serias irregularidades, tanto en la evaluación de los impactos que el proyecto tendrá sobre el medio ambiente, en la subsistencia de pescadores y agricultores, como en la aprobación por parte de la Corema.
Según el diputado León, la propia compañía reconoce que el acopio de material de carbón enviará al aire CO2 equivalente al que producen mil autos con el motor funcionando las 24 horas y que los expertos no objetaron esa situación, entre otras irregularidades.
El documento plantea también que la lluvia ácida y la lixiviación de metales pesados y compuestos orgánicos hacia las aguas subterráneas generan problemas que no son abordados con profundidad y que no se consideran eventuales medidas mitigatorias para los productores de fruta.
Tampoco se precisan los efectos que el exceso de material orgánico, aportado por el sistema de refrigeración, tendría sobre la vida en el lecho marino y se cuestiona que el proceso haya sido evaluado por instituciones financiadas por la propia empresa.
Carlos Zuñiga, representante en Constitución del movimiento Acción Ciudadana Pro Defensa de la Costa del Maule, subrayó que el informe confirma la existencia de presiones en el proceso de evaluación: “Las primeras dos adendas de varios de los servicios públicos fueron negativas a la construcción de la termoeléctrica. Posteriormente, en la tercera adenda, aparecen prácticamente todos positivos. Entonces eso enciende la ampolleta: podría haber habido influencias políticas para que los servicios públicos aprobaran la construcción de esta termoeléctrica a carbón”, señaló.
Zúñiga aseguró además que “prácticamente el informe dice que hubo intervención política, órdenes del Gobierno para aprobar la termoeléctrica y que los funcionarios -en este caso los seremis- tuvieron que emitir informes positivos, presionados por el Gobierno central de aquella época, presidido por la Presidenta Michelle Bachelet”.
Por su parte, Rodrigo de la O, también integrante del movimiento, destacó que este tema estaba pendiente desde que los ciudadanos lograron la conformación de una comisión investigadora en el Congreso y que el informe les dio la razón.
El representante de Curanipe manifestó su esperanza de que la aprobación del proyecto sea revocado, puesto que, a su juicio, se trata de un asunto de sentido común: “Entendemos que en Constitución hay una celulosa hace 30 años y ahora quieren poner una termoeléctrica de 750 megawatts. Al igual que Puchuncaví y Quintero, son puntos negros que ya no resisten más análisis, como que ya no les importa mucho. Entonces echan otra industria encima en una zona que es tan saturada y enferma, como Constitución. Son zonas que están muertas, son sacrificadas”, indicó.
Rodrigo de la O recordó que se trató de una zona impactada por el terremoto y maremoto y que, por lo tanto, es un aspecto que se debe considerar, además de enfatizar el compromiso realizado por el Presidente Sebastián Piñera, a favor de las energías renovables y en contra de las fuentes más contaminantes de energía.
Esto, sobre todo considerando que en la zona ya existe un molino eólico, por lo que se trata de un lugar favorable para el aprovechamiento de la energía del viento.
Macarena Scheuch
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